El Ministerio de Justicia dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), la fundación presidida por Patricia Bullrich a través de la cual financiaba su campaña mediante donaciones que eran destinadas a la compra de pasajes, catering, alquiler de salones y el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman.
La intervención fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, que había iniciado un proceso de investigación tras una denuncia por “irregularidades” presentada por el diputado Rodolfo Tailhade.
A partir de esa denuncia, el organismo controlador determinó que, efectivamente, «desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”, según precisó un comunicado de la cartera encabezada por Martín Soria.
“También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”, agregó la información oficial.
Se trata de la fundación que Bullrich utilizaba para financiar su campaña y que, sin embargo, estaba inscripta para otros fines y funciones. La precandidata del PRO rechazó esas denuncias pero los controles le dieron un revés.
Según el organismo, la utilización de esa ONG para costear una campaña electoral “vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles” y “podría implicar una violación de la ley 26.215”, de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Qué se detectó en la fundación de Bullrich
Las actuaciones sumariales producto de la investigación del IGJ determininaron las siguientes irregularidades:
-Un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político, “en franca contradicción con el objeto social autorizado”.
-Irregularidades contables y administrativas. “Se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES. De no tener fondos para solventar los gastos corrientes pasó a recaudar más de 90 millones de pesos”.
-Ese incremento es coincidentes con actividades políticas desplegadas por Bullrich. Pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas registrados bajo el partido Unión por la Libertad.
-La IEES realizó actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Patricia Bullrich y pagos a Gerardo Milman.
Acciones ajenas a una ONG
La intervención fue aplicada a través de la Resolución 742/2023, que se basa en el artículo 10, inciso J, de la ley 22.315 que estipula que la cartera judicial puede tomar esa medida “si verifica actos graves” e “irregularidades no subsanables” de una institución.
El Ministerio de Justicia precisó que, efectivamente, se verificaron “irregularidades contables” y acciones “ajenas al objeto social” para el cual la entidad presidida por Bullrich fue autorizada a funcionar
La decisión fue tomada a partir de información recogida en la propia institución y fue iniciada de oficio a partir de la publicación de las denuncias en Página/12 y otros matutinos porteños, destacó el ministerio a cargo de Soria.
La intervención por 180 días hábiles es producto, también, de que la causa fue denunciada y tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28.
El ministro de Justicia, Martín Soria, explicó en diálogo con AM750 que la intervención se dispuso «después de una investigación de varios meses» y planteó que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) «evidentemente, era una pantalla para recaudar y financiar actividades políticas y electorales».
«En este instituto armaban supuestos seminarios y analizar temas vinculados a la seguridad, pero lo que estaban haciendo eran almuerzos y cenas para recaudar fondos. Esto surge de la investigación en base a todas las facturas a nombres del instituto», detalló Soria.