La Justicia admitió una demanda laboral que presentó un interno de la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, que como consecuencia de un accidente mientras realizaba tareas en el taller de carpintería, sufrió una incapacidad del 30%. El interno fabricaba muebles que después son vendidos a terceros por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Un fallo de primera instancia condenó al Estado a pagarle una indemnización de $1.289.094,39. La decisión fue apelada, y un pronunciamiento de la Cómara Civil de Gualeguaychú revocó la medida, aunque un nuevo fallo le dio la razón al interno.
El pronunciamiento fue dictado por la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En su voto, el vocal Bernardo Saludo sostuvo que » aún cuando no se considerare a los penados internos como ´trabajadores{´ enmarcados estrictamente en relación de dependencia laboral,la Ley de Riesgo de Trabajo, expresamente faculta al Poder Ejecutivo a incluirlos dentro de sus beneficios».
La demanda fue entablada por Luis María Cabrera luego de que el 24 de noviembre de 2016, mientras se encontraba prestando tareas en su jornada habitual, sufre un accidente laboral trabajando con maquinaria de corte en el taller de la Unidad Penal N° 2, de Gualeguaychú. A «causa de las faltas de medida de seguridad e higiene, le ocasionó incapacidad física del 30%, como consecuencia se amputó un dedo de la mano izquierda, conforme certificado médico del Dr. Perez Cattaruzza, médico psiquiatra de la unidad penal», según se lee en la sentencia de primera instancia que acogió la demanda, firmada por el titular del Juzgado Laboral N° 3, Norberto Stettler.
Luego de ese incidente, Cabrera remitió el 20 de diciembre de 2016 «telegramas laborales al Poder Ejecutivo y a la Dirección General del Servicio Penitenciario, «intimando a que se denuncie el siniestro ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo». Y por intermedio de los abogados Andrés Eduardo Ocampo y Eduardo Breaurain inició na demanda contra el Estado y reclamó el pago de $392.740,20.
En primera instancia, el juez Stettler hizo lugar a la demanda planteada por Luis Maria Cabrera en contra de el Superior Gobierno de la Provincia de Entre y lo condenó a pagar una indemnización de $1.289.094,39.
Pero esa resolución fue apelada por el Estado, y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, que integran Fabián Arturo Ronconi, Alberto Adrián Welp y Vicente Martín Romero, echó por tierra el pronunciamiento de primera instancia. Fue entonces que el caso llegó en apelación a la Sala Laboral del STJ, y con los votos de los vocales Bernardo Salduna y Germán Carlomagno se hizo lugar al planteo del interno de la Unidad Penal N° 2.