Los representantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados lograron aprobar la resolución por la que se declara la admisibilidad del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por los 14 expedientes que se tramitan en el organismo.

De este modo se avanzará con la investigación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El Frente de Todos sumó 16 votos; en tanto que Juntos por el cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad.

En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se enumeraron los 14 expedientes que «solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones».

«Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales», apunta el texto.

El escrito indica también que «el tenor de las denuncias –de ser probadas– serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático».

Por su parte, el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.

Entre los fundamentos de su iniciativa, JxC señaló que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez»

«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial», agregó.

Para la principal bancada opositora de Diputados, «habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio».

Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: «La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias». Y agregó: «Si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias, quiere decir que se traslada su responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta».

Por su parte, López dijo que «el juicio político que promueve el Frente de Todos (FdT) contra la totalidad de los miembros de la Corte representa una alteración del orden democrático, porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático». También aclaró: «La posición conjunta de JxC no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados», en alusión a Lorenzetti y al expediente complementario presentado por su fuerza política.

(ANÁLISIS)