Se despejaron dudas que surgieron la semana pasada cuando se cayó la sesión y se daba por descontado los votos negativos de la senadora Claudia Silva (Paraná) y Víctor Sanzberro (Victoria).

En el caso de Silva se ausentó por haber contraído dengue. El victoriense, en cambio, lo hizo por la positiva aunque fue el primero en solicitar la palabra y cuestionar algunos puntos de la iniciativa.

“El tratamiento de este asunto generó debate y análisis en el bloque. La decisión fue otorgar esta herramienta. Desde el espacio al que pertenezco creemos fundamental realizar algunas consideraciones que para nosotros son centrales”, prologó.

Y arrancó: “Lo primero que quiero decir es lo escueto y abreviado que fue la justificación de esta declaración de envergadura. Digo esto porque el proyecto omite un aspecto central, quizás el más importante que debería contener, que es cuáles son los contratos de obras que van a estar afectados por esta declaración de emergencia”.

“En verdad necesitábamos contar con una nómina detallada de las obras, el estado de ejecución, el monto y qué organismo estaba llevando adelante la misma. Con estos elementos no nos pudimos juntar”, lamentó.

Para Sanzberro, “con esta ley de emergencia los fondos que logremos que el gobierno federal transfiera a la provincia, lo vamos a estar transfiriendo a los entrerrianos y, para colmo, se insiste con un tratamiento acelerado de la norma que se propone. En verdad una declaración de esta magnitud y con sus consecuencias, demanda y exige conocer exactamente el estado de la situación económica y financiera de la obra pública en Entre Ríos”, apuntó.

El senador de la oposición sostuvo que a la emergencia educativa se le dio un tratamiento similar “y no se conoce una mejora en la educación”, y dejó entrever que, en rigor, esa propuesta fue para obtener la licencia de licitar de manera directa.

El presidente del bloque del oficialismo, José Vergara, tuvo una breve intervención en la que defendió la iniciativa y puso a Rogelio Frigerio como impulsor de la obra pública “y de cuidar las finanzas de la provincia y las empresas, por los intereses de deuda que se están generando”, sentenció.

El senador detalló que cuando el proyecto ingresó al Senado la judicialización alcanzaba los 2.200 millones de pesos y al momento de análisis del texto esa cifra ya estaba en 4.800 millones. “En la situación que se encuentra la provincia es muy atinado esta ley”, aseguró.

La otra voz que se hizo escuchar sobre el tema fue la de Martín Oliva. El dirigente de Concepción del Uruguay saludó el trabajo en las comisiones. “A mi espacio político le endilgaron, muchas veces, falta de transparencia, y me parece que hacer contrataciones, de manera directa y no con los mecanismos institucionales que tiene la provincia, no es bueno”, comenzó diciendo el presidente del bloque opositor.

Y agregó que “no toda la información solicitada llegó” y dijo que no podía dejar pasar un hecho, porque se sintió aludido y en el recinto había allí presentes ex intendentes de ambos espacios políticos. Se refirió sin nombrar a “un legislador, no de esta cámara” que esperaba que la negativa a votar esa ley “no sea un ardid del peronismo al servicio de las empresas constructoras”. Enseguida de leer ese textual lo miró a su par radical de Nogoyá, Rafaél Cavagna, a quien llamó “Rafa”, para ponerlo al tanto de lo que se había dicho en un medio tampoco citado y donde se criticaba al peronismo de contratar las mismas empresas, sugiriendo negocios espurios. “Mi municipio hizo obras con el gobierno provincial y no hice ningún negocio”, dijo, enojado. Y añadió: “Hay un programa de televisión (en Buenos Aires) que tiene el rating más alto, donde las personas infaman, pues bien, no quiero que eso pase en mi provincia y mucho menos con los intendentes que hemos hecho obra pública. Si hay dudas, vayan a enfrente (por tribunales). No hacemos negocios con empresas”.

Paso seguido se votó. Por el lado de Juntos por el Cambio el ausente lo dio Rubén Dal Molín, también por cuestiones de salud.

El proyecto con media sanción tomará estado parlamentario este miércoles en la Cámara de Diputados y se aprobará el jueves.